Juego de Cromos (08): ¿Cuál es el problema con la Escuela de Música-Conservatorio Manuel Rodríguez de Sales?

Octavo programa ya de #JuegodeCromos. Como siempre, os dejo el relato. Si queréis escucharlo seguid el link del pie de fotografía.

Juego de Cromos (08): Escuela de Música

Hoy traemos un tema complicado. En él veremos un ejemplo muy claro de uno de los asuntos que comentamos la pasada semana: las competencias impropias. Producto de la falta de acción de las comunidades autónomas, los ayuntamientos durante los años ‘80 y ‘90 decidieron prestar servicios sobre los que la Ley no les daba competencia, pero que la demanda ciudadana reclamaba. Tal es el caso de la Escuela de Música de Leganés. Su promotor, Manuel Rodríguez de Sales, en 1972 (con un ayuntamiento franquista), comienza el proyecto de lo que luego fue la Escuela de Música “Pablo Casals” de Leganés. Manuel era en ese momento su único profesor. Los primeros concejales de cultura, Egea y José Luis Pérez Ráez, vieron en este proyecto la mejor manera de promocionar la enseñanza musical y se volcaron en configurar una verdadera escuela de música. Durante los años 80 se contrataron más profesores y a la labor educativa se añadió la formación de agrupaciones musicales que adquirieron gran prestigio en el municipio madrileño y fuera de él. Entre ellas, me gustaría destaca la pionera Banda de Cornetas, Tambores y Gaitas y Coro. Además de contratar más profesores, como apoyo algunos de los miembros de la Asociación Músico Cultural “Pablo Casals” impartían clases como muy poco soporte legal. 

A mediados de los años ’90 se produjo la firma del primer convenio entre la Asociación Pablo Casals y el Ayuntamiento de Leganés para que así pudieran impartir clases, en principio sin problemas legales. Este convenio fue prorrogado hasta el año 2010. Es en ese momento cuanto Intervención puso objeciones legales a la firma de un nuevo convenio, indicando, con razón, que se trataba de un servicio en el que podría existir concurrencia y que, por tanto, había de someterse a la ley de contratación pública. En aquel momento eran 16 profesores los que prestaban el servicio amparados en el convenio y, la finalización del mismo los dejó en la calle. 

El concejal de cultura en ese momento era José Castejón y, ante esta situación, decidió sacar a concurso un contrato por dos años para la prestación de este servicio, que complementaba a los profesores contratados directamente por el Ayuntamiento de Leganés. Este cambio produjo el primer conflicto en la Escuela de Música y tanto los profesores de plantilla, como la Asociación de Música y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos se opusieron convocando manifestaciones y levantando a la ciudad en contra de esta medida. 

Como todos saben, en 2011 el PSOE perdió la alcaldía y fue elegido alcalde del PP, Jesús Gómez Ruiz. Finalizado el contrato de prestación de servicios, el PP decidió no continuar con el mismo y, como no podía volver a la situación anterior por ser contraria a la Ley, decidió contratar 14 profesores más como funcionarios interinos. El problema fue que lo hizo sin que estas plazas existieran en la plantilla municipal. Este problema fue solucionado durante el primer año del gobierno del actual alcalde, Santiago Llorente Gutiérrez. 

Otra de las decisiones que tomó el Partido Popular fue la de cambiar el nombre de la escuela de música, pasándose a llamar Manuel Ródriguez de Sales, y crear el conservatorio de música. Hasta ese momento tanto Rafael Gómez Montoya como José Luis Pérez Ráez lo que trataban era que la Comunidad de Madrid asumiera su competencia en esta materia y, al igual que ocurrió en Getafe, construyera un conservatorio de la Comunidad de Madrid en Leganés. Incluso dejaron hecho un proyecto por el que la Escuela de Música abandonara sus instalaciones obsoletas y se trasladara al antiguo colegio público de Zarzaquemada Severo Ochoa, actualmente uno de los edificios que utiliza el Instituto de Bachillerato María Zambrano. Este proyecto recogía todas las características que exigía la Comunidad de Madrid para asumir el conservatorio. El Partido Popular tenía prisa y tomó un camino que todavía hoy nos sigue dando problemas. Jesús Gómez decidió que fuera el Ayuntamiento quien asumiera la gestión del nuevo conservatorio y solicitó a la Comunidad de Madrid la impartición de esta enseñanza reglada (hasta ese momento y todavía actualmente la Escuela de Música propiamente dicha no se trata de una enseñanza reglada), pero lo hizo como si se tratara de un Conservatorio privado. La pena es no tener copia de ese documento para poder enseñarlo. 

El conservatorio echó a andar, repito, como un conservatorio privado y, recuerdo, con 14 profesores contratados cuyas plazas no habían sido creadas en la plantilla municipal. Pero echó a andar. Esto contentó tanto a alumnos, padres y madres, como a profesores; pero nadie estaba siendo consciente de la precaria situación que se sostenía y que, como ha pasado, en cualquier momento podía darnos problemas, como así ha sido. Apenas hubo de hacerse un par de obras para cumplir con los requisitos que exigía la Comunidad de Madrid para poder dar de alta el conservatorio. 

El Partido Popular perdió las elecciones y de nuevo gobernaba Leganés el PSOE, con Santiago Llorente como alcalde. Intervención llevaba ya tiempo avisando de la situación precaria en la que se encontraba el conservatorio, que podíamos resumir en dos grandes problemas: el primero la ausencia de profesores en la plantilla municipal y el más importante, la falta de competencia para la prestación de esta enseñanza reglada. 

Como hemos dicho en anteriores programas, la Ley de Racionalización del Gasto Público, conocida como la “Ley Montoro”, limitaba drásticamente a los ayuntamientos la prestación de servicios de competencias no enumeradas en la Ley de Bases del Régimen Local, exigiendo que dejaran de ser prestados y que éstos servicios los prestaran las comunidades autónomas. Buscaba con esta medida eliminar la duplicación de la prestación de servicios por ayuntamientos y comunidades autónomas y, de esta manera, reducir gasto público. La realidad era que las comunidades autónomas no iban a incrementar sus servicios porque ello suponía incumplir con el techo de gasto que esa misma ley exigía; y que los ayuntamientos se opondrían a dejar de prestar estos servicios por las consecuencias sociales y políticas que pudiera acarrear. 

Los ayuntamientos tenían una salida legal para seguir prestando esos servicios: aunque la competencia fuera de la Comunidad Autónoma, la ejecución podía delegarse en los ayuntamientos; pero para ello era necesario que cumplieran todas las reglas del gasto. En el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Leganés cumplía todas las reglas de gasto menos una, el período medio de pago (otras de las consecuencias de la falta de recursos humanos que ya analizamos en el programa anterior, a pesar de ser un ayuntamiento saneado y con mucho dinero en caja). Esto impedía e impide al ayuntamiento solicitar la competencia para ejercer la enseñanza en conservatorio. 

¿Cuáles son las consecuencias legales de todo esto que hemos expuesto hasta ahora? Pues importantes para poder prestar una gestión eficaz. Al no tener competencia delegada, cualquier gasto, bien sea para suministros, bien para la contratación de profesores interinos o temporales para la cobertura de vacantes, choca frontalmente con la Ley e Intervención pone reparos. 

¿Hay solución para estos problemas? Claro que la hay. Hay varias soluciones. Estoy convencido de que el Gobierno ya ha encontrado soluciones para el corto plazo. En primer lugar, creo que se puede argumentar jurídicamente que la Comunidad de Madrid, tal y como ya ha dicho, autorizó al Ayuntamiento de Leganés a impartir enseñanzas de grado medio en el Conservatorio. Es cierto que no se trata de una delegación de competencias, pero quien tiene la competencia que es la Comunidad de Madrid nos ha autorizado a impartir las clases y, por tanto, a poder ejecutar la citada competencia en Leganés. Este argumento, desarrollado jurídicamente claro está, debería ser suficiente para poder desbloquear la situación actual. 

Aun así, el Conservatorio de Música sufriría al igual que el resto de servicios municipales, los problemas que analizamos en el programa anterior. La falta de recursos humanos en las delegaciones nucleares del Ayuntamiento de Leganés, entre ellas la Delegación de Personal, retrasarán la cobertura de vacantes. 

A medio plazo hay dos soluciones: Bien convenir con Comunidad de Madrid que sea ella quien gestione el conservatorio (entiendo que la escuela de música debe seguir siendo municipal); bien asumir la competencia toda vez que se cumplan las reglas de gasto o cambie la ley para poder asumirla. 

Además, es necesario buscar un sitio digno donde impartir las clases. Para ello se puede retomar el proyecto para reformar y adaptar el antiguo colegio público Severo Ochoa. Otra opción es proyectar un nuevo edificio. Quizás a la Comunidad de Madrid le sea más fácil asumir su gestión si el caramelo lo adornamos un poco. 

Termino este programa con una reflexión. Hasta este momento no he hablado de otro de los problemas de la Escuela de Música – Conservatorio, que es su financiación. Actualmente los alumnos y alumnas tan sólo pagan el 10 por ciento del coste total del servicio. El 90 % restante lo financiamos todos los vecinos y vecinas de Leganés. Existen propuestas (el grupo socialista cuando estaba en la oposición las presentó en este Ayuntamiento) que estiman que la financiación de los conservatorios municipales de música debería ser la siguiente: 1/3 financiado por la Comunidad de Madrid; 1/3 financiado por el propio ayuntamiento; y 1/3 por las familias. Este sistema de financiación, además de ser más justo, garantizaría la continuidad de los conservatorios. Deberíamos tomar medidas para alcanzar este equilibrio, aunque estas medidas no vayan a ser muy populares en el colectivo de padres y madres de la escuela de música.